El Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y los órganos locales en la materia no deben desaparecer, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que representan un “cero a la izquierda”.
Por el contrario, tienen que ser fortalecidos para una mejor operatividad. Eso sí, sin derroche de recursos económicos, jugosos salarios y otras prestaciones para sus integrantes.
Si bien varios de ellos no cumplen a cabalidad para lo fueron nombrados, muchos sí ayudan a la transparencia.
El problema es que a las autoridades de todos los niveles de gobierno no les gusta cumplir con la ley y son omisos porque no publican en internet todas las especificaciones que deben incluir las páginas para que cualquier persona conozca con precisión y certeza sobre el manejo del erario.
Desde el Congreso de la Unión y los locales, los diputados están obligados a crear nuevas disposiciones legales para que esos organismos tengan más fuerza ante los excesos del Poder Ejecutivo federal, miembros del Poder Judicial, gobernadores, diputados federales y locales, así como municipios.
El tema estriba en que, en el uso del dinero público, los ayuntamientos cada vez van de mal en peor y poco se sabe de sus movimientos financieros.
Vamos por partes: quienes gobiernan el país y por ende Tlaxcala, al inicio de su mandato primero navegan con bandera de honestidad, pero apenas se afianzan en los puestos y se “dan vuelo” en el tema presupuestal.
Pero no sólo eso, al margen de la ley algunos manejan facturas apócrifas de obras ‘fantasmas’. Evidentemente eso jamás aparecerá en las páginas de transparencia.
También ya es una costumbre –como si fuera ley- dejar a sus sucesores pasivos con proveedores, contratistas; archivos sin comprobar, gastos de compras de diversos artículos y costos de materiales muy superiores a los existentes en el mercado, así como vehículos en mal estado y otros abandonados en talleres mecánicos o corralones. Por eso las autoridades deben vigiladas en esos temas.
Otro grande problema es que se vuelven patrimonialistas y, una vez terminado el mandato, se llevan a sus casas o a sus despachos particulares, computadoras y muebles de oficinas.
El tema en todo esto es que y es la hora que los responsables del manejo abusivo del erario, no han sido castigados y muchos de ellos.
Ante la opacidad y el debilitamiento de los órganos de transparencia, Facebook o Twitter se han convertido en el mejor escaparate de la gente para protestar, pero también sin regulación sobre sus contenidos, los que navegan ahí son crueles con quienes ejercen cargos públicos.
No vamos lejos: escándalos que han enfrentado gobernantes han sido ventilados por esas vías ante una real ausencia de transparencia del ejercicio de la función pública.
Evidentemente, los todavía vacíos legales en materia de acceso a la información son bien aprovechados por quienes manejan a la perfección esos sistemas.
Lo cierto es que, en materia de transparencia, Tlaxcala es joven pues fue en el año 2005 cuando el Congreso local creó la Comisión de Transparencia para el Estado de Tlaxcala, integrada por cinco personas. Luego, cambió de nombre.
Precisamente por ello llegó la hora de la verdad y cerrar filas a la defensa de estos entes para que den certeza el en el tema, no por el “contentillo” del titular del Ejecutivo de la Nación se debe echar a la basura todo lo logrado.
No basta con darse “baños de pureza” ya que como gobierno es más que necesario ser transparente y dejar de ser opaco.
No se puede vivir en un sistema que no quiere someterse a ser revisado en sus actos y en el uso del dinero público. Es vivir en el error. Al tiempo.
El problema es que a las autoridades de todos los niveles de gobierno no les gusta cumplir con la ley y son omisos.
