Para sustanciar la solicitud de juicio político contra el juez Julio Gabriel Flores Alvarado, el Congreso del Estado integró la Comisión Especial encargada de allegarse de las pruebas necesarias, la cual estará conformada por los diputados Reyna Flor Báez Lozano, Jaciel González Herrera y Jorge Caballero Román, quienes tendrán 15 días posteriores a su instalación para formular un informe al respecto.
Lo anterior, despúes de que Daniela Juárez Hernández, madre del menor de 11 meses de edad, asesinado presuntamente a manos de su expareja Eliut N., promovió dicha solicitud en contra del juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer por liberar al imputado que se encontraba en el Centro de Reinserción Social.
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En este sentido, la agraviada acusó que el juzgador a cargo del caso de su hijo no impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada ordenada por el juez federal, aun y cuando la representación social solicitó dicha medida cautelar, lo que provocó que el imputado esté libre.
A decir de la quejosa, en la audiencia del pasado tres de mayo, desahogada en cumplimiento de un amparo, le manifestó al juez que si dejaba en libertad al presunto agresor de su hijo “temía por su vida y la de sus familiares”, ya que el mismo sujeto la amenazó de muerte con anterioridad.
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Sin embargo, esos argumentos no fueron tomados en cuenta por el jurista y, bajo su criterio, ordenó la inmediata libertad del imputado al estipular sólo como medida cautelar la firma periódica semanal, así como la exhibición de una garantía económica de ocho mil pesos.
Calificando los actos antes señalados como inconsistencias, la madre de la víctima solicitó que se inicie juicio político en contra del juez y lo responsabilizó por algún daño que pudiera sucederle a ella o su familia.
