- MIRNA EUGENIA GARDUÑO RUIZ
Se dice que en materia electoral debe existir certidumbre en todo, excepto en los resultados de las elecciones; esto quiere decir que las reglas con las que se organiza el proceso electoral deben ser conocidas y aceptadas por todos los actores políticos que participan en la contienda electoral.
A catorce meses de la Jornada Electoral en la que se renovará la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, las Diputaciones Federales junto con una gran cantidad de cargos de elección popular en las entidades federativas, existen elementos que no abonan en el sentido que es deseable en una elección de esta magnitud.
Una de las razones tiene que ver con los calendarios de renovación de las consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que como es del dominio público, el pasado viernes 31 de marzo la Cámara de Diputados designó a cuatro integrantes del Consejo General incluida la Presidencia.
Haciendo uso por primera vez del proceso de insaculación, establecido en la carta magna durante la reforma constitucional del año 2014, es que se designó a dos hombres y dos mujeres, mismas que el pasado lunes 3 de abril rindieron la protesta de ley para desempeñar este importante cargo que ocuparán durante los próximos nueve años.
¿Por qué decimos que esta renovación parcial en el consejo General implica cierto nivel de incertidumbre? La primera razón es porque entre los consejeros sustituidos se encuentran dos personas con una gran exposición mediática, habrá que ver cuál es en tono que la nueva presidenta del instituto decida imprimir al órgano colegiado en lo particular y a la institución en lo general.
Otro elemento considerar es la necesidad de designar a la mayor parte de la Junta General Ejecutiva en virtud de que sus integrantes presentaron sendas renuncias con motivo de la conclusión del encargo del Dr. Lorenzo Córdoba Vianello en la presidencia del Consejo General del INE, además de tendrá que designar a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva por renuncia del titular, el Lic. Edmundo Jacobo Molina.
Pero el elemento de mayor incertidumbre para la Jornada Electoral de junio de 2024 la encontramos en el marco jurídico que regirá todo el proceso electoral.
Como es sabido el 6 de diciembre de 2022 se inició el proceso legislativo con el objeto de aprobar una gran reforma electoral que cambiaría considerablemente la forman la que se realicen elecciones en México, se trataba de una reforma constitucional que no sólo atendía cuestiones meramente electorales, sino que presentaba modificaciones al sistema político y el sistema de partidos.
Esta reforma constitucional conocida como el plan A, no pudo concretarse porque para ello se requería una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la coalición promotora de la reforma no pudo conseguir los votos faltantes entre las otras fuerzas políticas.
De inmediato conocimos de la presentación del plan B, es decir, también una gran reforma electoral que pasaba por la modificación de seis leyes con cambios profundos, pero sin modificar el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También es del dominio público que estas modificaciones fueron aprobadas por ambas Cámaras y publicaciones del Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre la primera parte, y el día 2 de marzo de 2023 la segunda parte.
Los efectos de esta reforma implicaban entre otras modificaciones, afectaciones al calendario electoral y cambios en las estructuras de los órganos delegacionales del INE, el funcionariado electoral del Instituto empezó a dar forma a estas modificaciones.
Sin embargo, tanto partidos políticos de oposición, como el propio INE y miles de funcionarios electorales han presentado medios de impugnación para controvertir dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia la Nación y, como resultado de estos recursos, ambas partes del llamado plan B se encuentran suspendidos hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión.
La corte puede optar por mantener suspendida dicha reforma, y con esto el Proceso Electoral y la Jornada Electoral misma se organicen con el mismo marco legal con el que se organizaron los procesos electorales anteriores, pero también puede declarar la constitucional antes del mes de junio, y con ello exigir al INE trabajar con grandes modificaciones en las reglas del juego democrático.
Una tercera posibilidad sería que se decrete la constitucionalidad en sólo algunas partes de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión lo que complicaría aún más el panorama al tener que aplicar dos marcos legales combinados en la lección más grande que se haya visto jamás en nuestro país.
Lo deseable es que lo más pronto posible regresemos al punto en el que las mexicanas y mexicanos tengamos certidumbre en todo excepto en el resultado.
*Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala
