Es delicado que, en la actualidad, el estado de derecho siga siendo un “cero a la izquierda”. La indefensión es cuando a una persona le falta ayuda o la protección que necesita.
También se refiere a una situación de ausencia de litigante o medios procesales, simple y sencillamente porque no existen. Nada se puede hacer.
Explico: El transporte público se ha convertido en la “antesala de la muerte”. Casi, a diario, enfrenta accidentes viales porque los choferes no conducen con moderación o como lo establece la ley.
Operan en la anarquía y con la complacencia de los policías responsables de la “supuesta” vialidad. El mayor problema es que, ante cualquier accidente, no hay seguro de vida que responda por los lesionados o, peor aún, fallecidos.
Las autoridades federales y estatales solapan esa irregularidad. Ninguna combi, salvo unidades de Autobuses Tlaxcala Apizaco Huamantla (ATAH), en la central de la capital y en las terminales de Apizaco y Huamantla, entregan recibo de pago, pero sin garantía de seguro por lo que pudiera ocurrir.
Una vez que la unidad recibe “luz verde” para retirarse de su zona, el conductor hace de las suyas, engaña al dueño del negocio y permite ilegalmente que muchas personas aborden en cualquier lado, amén de que cobra a su modo.
Ganan dinero a diestra y siniestra, los empresarios no lo pueden detectar y controlar. Es evidente que el gobierno estatal permite y cede a las acciones caprichosas de permisionarios que cada vez quieren obtener más ganancias.
Cada que se les pega la gana exigen incremento al precio del pasaje, pero ofrecen un pésimo servicio, conducen máquinas “viejas”, en malas conducciones automotoras, pues.
¿Por qué las autoridades no implementan un programa para que los lideres de líneas del transporte público obliguen a sus empleados a que sean sometidos a una prueba de saber conducir, de conocer los mensajes viales, principalmente los límites de velocidad y la garantía de seguridad de servicio?
¿Por qué cada vez que amenazan con suspender el servicio, el gobierno tiembla y cumple sus demandas?
Ya no debe haber tolerancia.
Precisamente por ello, las cosas no funcionan en este país. Por ejemplo, en la ciudad de México, el transporte es la decadencia. En los años 90, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso fin al “Delfín” o Ruta 100 con la operación del entonces regente Manuel Camacho Solís, empresa que era controlada por mafiosos que trataban a los usuarios con la punta del pie.
En la entidad, Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala surgió como una firma responsable, solo que, con el paso de los años, se convirtió en la más deficiente.
Ignacio Pérez, uno de los fundadores, quiso hacer de esta empresa un servicio de primera, pero los empresarios que tenían capital junto con él lo impidieron.
El problema ahora es más que grave. El gobierno estatal en turno otorgó concesiones como si fueran cacahuates. Específicamente la administración de Tulio Hernández Gómez y Mariano González Zarur, como secretario de Finanzas, daban permisos a sus amigos. Solo que olvidaron algo: nunca fueron capaces de imponer un seguro de vida o de accidente para quienes estuvieran abordo.
¿Quién empresario o empresa cubre curaciones de las lesiones o lo que una persona que necesita cuando muere?
Nadie, pero sí son “finos” para exigir mejores pagos, imponen tarifas hasta de centavos por si, según ellos, es mayor el traslado ¿Cómo lo saben? ¿Quién se los explicó? En este tema, la Secretaría de Vialidad sirve para dos cosas, para nada.
Cada vez que cambia el gobierno, hay un proceso de cambio de placas. Deberían hacer algo por tener un correcto modelo de vigilancia de unidades como en Estados Unidos de América. Es necesario poner un alto a ello, las condiciones son de igual a igual porque sino la autoridad pierde terreno y seremos “tierra de nadie”. Al tiempo.
