No era por mera curiosidad morbosa que esperáramos saber mucho más de la causa que se seguía en Estados Unidos contra un ex secretario de Seguridad Pública de un ex presidente de México. La frustrada revelación de nombres de políticos coludidos con el narcotráfico habría sido un primer gran paso en la lucha contra la impunidad.
El proceso contra Genaro García Luna que se lleva a cabo en una corte estadounidense entró ya a su etapa final. El jurado -siete mujeres y cinco hombres elegidos al azar entre la ciudadanía- emitirá su veredicto en estos próximos días, lo que podría ocurrir mañana mismo, o bien demorarse hasta que sus doce miembros alcancen la necesaria unanimidad de criterios en torno a la culpabilidad o inocencia del acusado. En manos del juez Brian Cogan -el mismo que condujo la causa contra Joaquín Chapo Guzmán- estará entonces el dictar la sentencia que corresponda al que fuera funcionario de primer nivel del gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón. Tengamos presente que son cinco los delitos por los que se le juzga -cuatro de ellos vinculados directamente con el narcotráfico-, acerca de los cuales, tanto el jurado como el juez, deberán emitir resoluciones diferenciadas. La atención de la opinión pública en los dos países -México y por supuesto también Estados Unidos- está pues pendiente del último tramo del juicio… y, claro, de las consecuencias que puedan tener los distintos fallos judiciales a uno y otro de la frontera que los separa.
Sabemos mucho, intuimos todo… pero no concretamos nada
Puede adelantarse, empero, que se frustraron casi por completo las expectativas que alentaban los observadores de conocer nombres de personajes de la política -de aquí y de allá- a los que la rumorología periodística llevaba años de atribuirles complicidades con el crimen organizado. No obstante esa falta de concreción en la identificación de los protagonistas ocultos de esa trama, existe el convencimiento que, sin esos turbios acercamientos entre delincuentes y políticos, el ilegal negocio del tráfico de opiáceos y sus derivados no habría adquirido las astronómicas dimensiones financieras que tiene en la actualidad. La decepción se debe a que las agencias investigadoras estadounidenses no proporcionaron a la fiscalía los elementos acusatorios que, a buen seguro, poseen en abundancia, y que habrían sido determinantes para probar la culpabilidad de García Luna. Y si sí se los dieron fue esta, la propia fiscalía, la que sabrá bien a bien por qué decidió no usarlos en apoyo a los testimonios de sus testigos “protegidos”, habida cuenta que su posible falta de veracidad pudo haber generado “dudas razonables” entre los miembros del jurado. Súmese a lo anterior que el juez Cogan evitó que en el proceso se abordaran asuntos relativos a las actividades del acusado que hubiesen acaecido después de 2012, finalizadas sus tareas como alto funcionario del gobierno federal mexicano.
Y allá, en el país vecino… ¿acaso no hay gente dedicada a comerciar con estupefacientes?
Pese a las limitaciones que contribuyeron a dejar en el limbo datos esenciales de los cinco asuntos en litigio, la opinión pública sabe muy bien del poder que ha ganado el tráfico de las drogas y que México es ya, en no pocas zonas de su territorio, un narcoestado. Por eso era importantísimo que del juicio contra García Luna se desprendieran datos que permitieran asestar golpes certeros a la impunidad y deshacer la colusión del crimen con las autoridades encargadas de perseguirlo. A la vista estaba la falsedad teatralizada de los operativos que montaba García Luna en acuerdo con los capos de la droga, las entregas de dinero y sus pactos. La ponzoña corruptora de la delincuencia organizada ha tocado -en intensidades y grados diferentes- los tres poderes del estado mexicano y, aunque se oculte en procesos judiciales como este que está por terminar, es también insostenible el seguir aceptando que, en Estados Unidos, no funcionan cárteles que actúan de consuno con los nacionales. De otra suerte no se explica que los enervantes que producen y trasiegan por toneladas los narcos mexicanos atraviesen la línea fronteriza sin mayores problemas y, aún más, sean distribuidos con notable expedición a lo largo y ancho de todo el territorio norteamericano.
Increíble que aún prevalezcan doctrinas prohibicionistas
A lo largo de más de tres décadas le aburrí, amigo lector, de tanto repetir en mis artículos que era -y es- una colosal y costosísima estupidez acatar las políticas prohibicionistas dictadas por Estados Unidos. No insistiré en aquellos argumentos que, por fortuna, a estas alturas de la historia han sido ya aceptados por un número creciente de personas y de gobiernos. De siempre sostuve que, en un contexto político diferente, aquellos primeros exportadores mexicanos de marihuana hacia Estados Unidos habrían merecido, no el calificativo de peligrosos criminales sino el de exitosos agricultores que detectaron, antes que nadie, que del otro lado existía un potentísimo mercado de consumidores de su codiciado producto. Tendrían que haber sido considerados hábiles empresarios que nos traían divisas y no sujetos proscritos, perseguidos por la justicia y obligados a delinquir para escapar de una persecución cínicamente selectiva que a veces permitía su actividad y otras la penalizaba. García Luna es sólo uno de esos extorsionadores -ni siquiera el más relevante- que, a su conveniencia, les facilitaba el negocio… o los combatía con toda la fuerza del estado.
ANTENA ESTATAL
Puerilidad política
¿Adónde va Tlaxcala con legisladoras que creen que “el taco de canasta” es tema que deba llevarse a la más alta tribuna de la nación? No nos quejemos después que los humoristas hagan chacota de nuestra vida y nuestros asuntos.
