Las informaciones trucadas, manipuladas y sesgadas emponzoñan la labor profesional del periodista, así lo afirmó la periodista y editora sudafricana Verashni Pillay hace algunos años.
Con tal de ganar “Likes”, para sus medios digitales, de forma irresponsable algunos mal llamados periodistas manipulan la información sin importar el daño social que esto pueda ocasionar.
Y es que recientemente se señaló que el Protocolo de Actuación Policial para la Atención de Posibles Linchamientos en el Estado de Tlaxcala que entró en vigor el pasado 11 de febrero autoriza como regla la utilización de la fuerza letal en contra de los ciudadanos, argumento que es falso, pues este nuevo mecanismo tiene como base el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren en el centro del conflicto y de los pobladores.
El nuevo protocolo, firmado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández y el de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, así como de los 60 presidentes municipales, plantea un escenario y acciones que permiten la intervención de elementos policiacos para poner a salvo la vida de aquellas personas que pudieran ser linchadas por una turba enardecida.
Entre otras acciones, el protocolo establece la conformación de tres anillos de seguridad. En el primero los elementos de seguridad deben ubicarse a unos 15 o 20 metros donde se encuentra la multitud; su función es persuadir y disuadir verbalmente a los pobladores para evitar el linchamiento.
El segundo anillo, se encontrará ubicado a una distancia aproximadamente de 50 a 60 metros donde se encuentre la aglomeración. Se realizará la extracción de la o las personas retenidas mediante las técnicas y tácticas policiales, además se podrá recurrir al uso de fuerza no letal para replegar la multitud.
El tercer anillo estará conformado con un mayor número de personal policiaco para intervenir con equipos especializados y armas de fuego en los términos que lo permite y faculte la ley.
En ningún momento se menciona que se actuará en contra de los pobladores. El inciso a. del tercer anillo indica que sólo en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integren el conflicto o ajenas a ellas, los elementos policiales actuando bajo el principio de absoluta necesidad, podrán repeler la agresión mediante el uso de armas letales.
La terminología “fuerza letal”, se utiliza como una acción excepcional que podrá ser utilizada por los elementos de seguridad pública, única y exclusivamente en casos de inminente riesgo para la ciudadanía, tal como lo prevé la fracción VII del artículo 6 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Lo que no mencionan los detractores de este nuevo Protocolo es que el anterior publicado el 23 de enero del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el 2019, emitido por la desaparecida Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el Artículo décimo primero en su página 8 establece:
“Dependiendo de la información disponible, se establecerá el esquema de intervención e intervención e incursión al lugar, el número y desplazamiento de elementos participantes, si resulta necesario el apoyo de las instancias federales, de personal de Comisión Estatal de Derechos Humanos, el uso de equipo anti motín y DE LAS ARMAS DE FUEGO, el apoyo de servicios de emergencia como ambulancias y bomberos”, refiere.
Además, la justificación de ese protocolo ya abrogado menciona que se realizó luego de 12 casos de linchamientos entre tentativas y consumados, y por si fuera poco, el documento dejaba toda la responsabilidad a los gobiernos municipales.
Por ello, hoy, el gobierno estatal y municipios actuaron de forma rápida y responsable y en este nuevo Protocolo no existe ninguna determinación de carácter doloso o regresivo, por el contrario, está centrada y toma su sustento en una ley vigente que privilegia la vida como el valor máximo de los seres humanos.
