Después del fallido intento del presidente de México por apropiarse del Instituto Nacional Electoral, envió al Congreso una iniciativa de Ley que tiene la pretensión de debilitar al INE.
El mayor anhelo de quien cree que la Ley es un cuento y el Estado de Derecho mero elemento discursivo, es apoderarse de una institución ciudadana, que ha permitido la alternancia política desde el año 2000.
No se podría entender el triunfo de López Obrador, en el 2018, sin la existencia de un instituto que garantizó, organizó y dio certeza de imparcialidad al proceso electoral, por lo que la intención de restarle atribuciones plenamente establecidas en la Ley, va en contra del sentido y razón de ser de este instituto absolutamente ciudadano.
El presidente quisiera tener las mismas condiciones de control que tuvieron los presidentes durante más de 70 años, sin embargo, olvida que el México de hoy, la democracia y los ciudadanos, no estamos dispuestos a regresar a un pasado donde el gobierno controlaba las elecciones, y decidía de manera unilateral a quienes ocuparían los cargos públicos, basados en compadrazgos, amiguismo y hasta familiares.
Entre otras cosas, el Plan B plantea la desaparición de 300 juntas distritales, que son las encargadas de efectuar un arduo trabajo en todo el país, para la preparación, organización y celebración de elecciones.
En consecuencia, estos cambios propiciarían que el padrón electoral no esté debidamente actualizado, y peor aún, que pueda ser vulnerado para beneficio de terceros, el acceso a nuestros datos personales que hoy se resguardan con sistemas tecnológicos de última generación y al amparo de la Ley, el Instituto Nacional Electoral.
Instalar los Módulos de Atención Ciudadana en oficinas gubernamentales, como lo plantea el presidente, es regresar a la oficina de Gobernación que tenía absoluto control de los procesos electorales fraudulentos que se realizaron por décadas.
No es menos importante hablar de la desaparición del Servicio Profesional de Carrera, integrado por profesionales que concursaron para obtener ese cargo, y que son expertos en la materia. Tampoco es menor señalar que la reforma lastima la organización democrática de los procesos internos de los partidos políticos, así como la certeza de los cómputos distritales, la capacitación de los funcionarios de casilla y en los resultados electorales.
Por estas razones, estimados lectores, los invito a que asistamos el próximo domingo a las 11:00 horas a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, para levantar la voz, y exigir a los ministros de la Corte impedir que esta reforma electoral debilite nuestros procesos democráticos, nuestras leyes y nuestras instituciones que son pilares de la democracia.
Tienen mi compromiso irrenunciable que desde el Senado votaré del lado de los ciudadanos y en favor del fortalecimiento de la democracia mexicana.
Agradezco el favor de su lectura.
