No es por ser ave de mal agüero, pero todo indica que el uso del uniforme único en Tlaxcala se convertirá en un negociazo que -en tiempos de la 4T- fomentará la corrupción, la competencia desleal y hasta la piratería.
Si bien el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, argumenta que el fin es contribuir a la economía familiar, evitar la discriminación y la desigualdad en escuelas de nivel básico al medio superior, lo cierto es que no hay reglas claras para su confección y mucho menos para regular su venta.
Aunque se ha dicho que alumnos deberán portar el uniforme único a partir del ciclo escolar 2023-2024, no se ha establecido un costo fijo y solo se ha adelantado que su precio promedio sería de 500 a 600 pesos.
La “Colección Tlaxcallan”, creada por Aldair Villaseñor Pérez, alumno de octavo semestre de la carrera de Diseño y Moda Textil de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, consta de 12 propuestas armonizadas y sustentadas en colores base, alusivos a los cuatro señoríos de Tlaxcala.
No obstante, para obtener su patente el costo estimado será de 10 mil pesos, lo que abre la puerta al “mercado negro” y la piratería, toda vez que los pequeños productores son los menos favorecidos para desembolsar ese gasto.
En contraparte, empresarios textileros con gran capital son los más favorecidos para elaborar la gran mayoría de los 270 mil uniformes, como ocurrió durante el sexenio del priista Mariano González Zarur, cuando el hoy alcalde de Chiautempan, Gustavo Jiménez y su hijo Juan Carlos Jiménez, actual consejero de Morena, se vieron favorecidos con la confección de miles de chamarras que fueron regaladas a infantes de educación básica.
Por cierto, en la presentación del uniforme único estuvo presente Sandra Corona Padilla, actual titular de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, quien como legisladora impulsó la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala.
Sin embargo, aunque esa ley fue publicada el 21 de noviembre de 2017 y establece en su Artículo 2 que: “las niñas y niños inscritos en las escuelas públicas en los niveles de educación básica, tienen derecho a recibir gratuitamente del Gobierno del Estado, por conducto de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública del Estado; uniformes escolares gratuitos; que consisten en falda/pantalón/blusa/camisa/suéter/calcetas y/o ropa deportiva”, hizo mutis al respecto.
El Artículo 10 de esa misma ley sostiene que: “los uniformes escolares se otorgarán una vez al año y su entrega se realizará por los directivos de cada una de las escuelas públicas, de acuerdo con los mecanismos que la USET- SEPE determine”, reglamento que hasta la fecha no existe y Homero Meneses prefiere mirar hacia otro lado para evitar esa obligación.
Las escuelas particulares se salvan de aplicar la medida del uniforme único y aunque el argumento de autoridades es que algunas tienen hasta siete uniformes, lo cierto es que muchas lo han suprimido, para centrarse en los planes de estudio.
Las 56 escuelas de educación indígena hicieron asambleas para definir sus propios uniformes escolares y se elimina el uso obligatorio del uniforme de gala y el de uso diario, para quedar solo el deportivo, mientras que el de escolta quedará a criterio de los planteles y de los padres de familia.
Berrinchudos
A propósito de las comparecencias de ocho secretarios del gabinete estatal, queda claro que su llamado al “banquillo” tiene mucho más que ver con un berrinche de diputados que con la glosa del Primer Informe de Gobierno de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.
Y es que hay legisladores que en su inmadurez política han acusado ante la titular del Ejecutivo que existen secretarios de su gabinete que no les contestan el teléfono, de ahí que quieren hacer valer su autoridad como representantes populares.
Lo que los diputados no saben –o se hacen- es que esas comparecencias están fuera del término legal.
De acuerdo con el Artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: “la comparecencia –pública o privada- de los secretarios del ramo deberá desahogarse dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la presentación del informe de gobierno ante el Congreso del Estado”. Es decir, tenían como límite el 18 de enero, pero como en la legislatura hay mayoría morenista, aplican la máxima de su líder moral: “no me vengan con que la ley es la ley”.
