Las décadas de la liberalización económica significaron la minimización de la presencia del Estado. Los gobiernos y las administraciones públicas se redujeron y su actividad de regulación frente a la economía fue puesta –desde el punto de vista de la eficacia– en duda. Los argumentos –aunque endebles– fueron vituperados y enaltecidos bajo el supuesto de que mayor libertad de mercado generaría mayor crecimiento económico. Los datos empíricos demuestran que ese supuesto fracasó. En realidad, la liberalización y la reducción al Estado mínimo alejaron ciertas políticas públicas de la agenda de gobierno e implicó la desprotección de las personas –en lo individual– frente a los grandes agentes del mercado.
Por esta razón, el viraje en el mundo hacia una nueva definición de la intervención de los gobiernos –a través de políticas públicas– en ciertas áreas de la actividad humana, genera resistencias. Lo que sucede es que la acción y la inacción de las instituciones públicas construyen mecanismos de incentivos, tanto positivos como negativos, para aceptar o protestar frente a un cambio de ruta gubernamental. En ese sentido, las nuevas estrategias gubernamentales por afrontar los retos que supone una sociedad dinámica como la contemporánea, pasan por recuperar las capacidades del Estado para atraer ciertas funciones que –hasta hace pocos años– se visualizaban como lejanas o asentadas en el pasado.
Destaco este debate político actual por dos noticias de los últimos días: la primera, está relacionada con la reacción de los Estados Unidos ante el decreto en México para eliminar el uso y la importación de maíz transgénico hasta el año 2025; la segunda, es una noticia vinculada con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados federal para reformar la Ley General de Salud y prácticamente prohibir las grasas trans en alimentos procesados. Estas dos noticias tienen un elemento en común: son una muestra de una política pública de control de la salud y de las características de alimentos procesados que, a todas luces, parecía imposible hace algunos años, cuando la utilidad económica de las empresas (y por tanto los supuestos beneficios al ingreso y empleo en la sociedad) justificó la renuncia del Estado al control de este tipo de elementos.
Sin embargo, avanzar en la dirección de recuperar el rol activo del Estado, no es sencillo. El ejemplo de las políticas de cuidado de la salud, aunque eso implique modificaciones sustanciales en las características de los productos y dinámicas de producción de la industria alimentaria, muestra –evidentemente– que el retorno del Estado en favor del bienestar de las personas enfrenta resistencias fuertes, poderosas. En el caso del maíz transgénico, dado que México es el principal comprador de maíz de los EUA, el lobby del empresariado norteamericano ya hace presión –desde las propias instituciones de gobierno del país vecino y los mecanismos de controversia del tratado de comercio trilateral de la región– para revertir las medidas. Por otra parte, en el caso de la regulación de las grasas en productos procesados, el bloqueo y la negociación está cercana a expresarse.
Estos son los que denomino asuntos incómodos de política pública. Son así porque, aunque los beneficios y los beneficiarios de tales políticas son un universo gigantesco, éstos están dispersos y –en muchas ocasiones no perciben las ventajas de que el gobierno atienda tales asuntos. En contraparte, los “afectados” en este caso los exportadores y productores de maíz transgénico, así como la industria alimentaria, están organizados y tienen claro los efectos negativos sobre sus utilidades económicas. Esa presión solamente la resiste un gobierno con altura de miras que, a pesar de la incomodidad de las decisiones de política pública, las enfrenta.
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