El año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 122 solicitudes para cobrar pensiones alimenticias a mexicanos que viven en el extranjero, pero sólo en dos casos se ha logrado que la persona obligada cumpla.
De acuerdo con cifras de la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard Casaubon, desde el inicio de la presente administración, en diciembre de 2018, ya son más de 300 las solicitudes gestionadas en otros países, en su mayoría en Estados Unidos y España. La cifra es 10 por ciento mayor a la registrada durante los últimos cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la Cancillería recibió un total de 271 solicitudes y sólo en siete casos se llegó a un resultado favorable para el menor.
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En marzo pasado, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos que concentrará la información de los morosos, a quienes se les impedirá tramitar documentos de identidad como el pasaporte o licencias para conducir.
Armando González Carranza, abogado especialista en materia familiar, explicó que México no puede legislar más allá de sus fronteras, por lo que al tratarse de una ley nacional, ésta queda sujeta a las convenciones internacionales en materia de obligaciones alimentarias. Con ello, los morosos fuera del país podrán ser incluidos en esta lista, porque el requerimiento se inicia en suelo mexicano, pero dependerá de los consulados o las embajadas la aplicación o no de las sanciones, como negarles la renovación del pasaporte o el tramite de actas de nacimiento, incluso una matrícula consular.
Lo complejo de reclamar una pensión alimentaria fuera del país, agregó el experto, inicia con la tarea de ubicar al deudor, lo que puede convertirse en “todo un viacrucis que puede durar años”, ya que cada vez es más común que cambien de residencia o de trabajo para evadir la obligación de dar pensión a sus hijos.
La situación se complica aún más, de acuerdo con González Carranza, por los costos que representan los traslados para ubicar al deudor o contratar a un abogado en otro país. “Llegan a ser miles y miles de pesos”, dijo.
El país en el que radica el deudor, además, debe contar con algún instrumento internacional o mecanismo de colaboración con México en materia de alimentos.
En el caso de deudores en Estados Unidos, por ejemplo, hay autoridades estatales o de diversos condados que rechazan el trámite de pensión alimenticia para menores de edad por desconocer la reciprocidad con México en la materia.
“Es indispensable que el/la solicitante cuente con un domicilio válido del/la demandado(a), ya que esta Secretaría (SRE) no cuenta con un sistema de búsqueda para este fin, además de que sólo actúa como autoridad facilitadora o intermediaria en este trámite, por lo que no tiene ninguna injerencia respecto a los tiempos de respuesta de las autoridades de otros países ni en las decisiones judiciales que se adopten en cada caso particular”, reconoce la Cancillería.
Julia lleva siete años intentando cobrar pensión alimenticia a su exesposo, quien desde hace una década radica en Estados Unidos. “Ha sido un verdadero caos, ha sido prácticamente imposible, mejor mi hijo cumplirá la mayoría de edad o terminará sus estudios, que podamos lograr la pensión”, relató en entrevista con este diario.
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Agregó que las propias empresas en las que ha trabajado su expareja lo han protegido para evadir el pago de la pensión e incluso ha recurrido al cambio de puesto y de empleo para no cumplir.
“El problema es que por más que lo requieran aquí, nunca acudirá pues ya tiene su vida allá y las autoridades sólo nos dicen que es un trámite tardado y complicado por la distancia. No sólo he gastado mucho dinero sino el desgaste para mí y mi hijo ha sido demasiado, lo único que buscamos es que se respeten los derechos de mi hijo y que un padre cumpla con su obligación, pero ha sido imposible”, agregó Julia.
