*Sin voluntad política las alertas no funciona, coincidieron.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Activistas coincidieron que las declaratorias de Alerta por violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM) no han dado resultados en la reducción de agresiones en contra de este sector en Puebla y Tlaxcala.
En contraste, durante el conversatorio regional «La importancia de las alertas de género contra la violencia hacia las mujeres. Puebla- Tlaxcala en el marco del X informe de México a la CEDAW», reprochaban que las estadísticas e índices reflejan un incremento de las violencias en ambas entidades, ante la incapacidad del Estado de diseñar e implementar políticas efectivas para garantizar una vida libre de violencia.
El evento organizado por la Red Nacional de Alertistas en el patio Vitral del Congreso de Tlaxcala, la exdiputada local y actual titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo precisó que a la fecha se han emitido 25 alertas en igual número de entidades del país, que incluyen 643 municipios, que acumulan 552 medidas recomendadas a los gobiernos y órganos autónomos; 208 de ellas de prevención, 190 para lograr justicia y reparación del daño a los familiares y sobrevivientes de la violencia feminicida y 154 a medidas de seguridad.
Indicó que, del total de las medidas, el nueve por ciento han sido cumplidas a cabalidad, el cinco no han sido cumplidas y el 86 por ciento en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas, lo que “nos debe hacer pensar”.
“Se requiere de voluntad política pero no con el enfoque de la retórica, se requiere voluntad de política que tiene que ver con presupuesto institucional, con personal capacitado y con transformaciones culturales que son de mediano y largo plazo”.
Esta posición fue respaldada por el representante de la Red de Familiares Víctimas de Violencia, Efrén López Hernández, quien reprochó que Tlaxcala carece de una metodología para dar seguimiento a casos de violencia a pesar de que recibió un presupuesto de un millón de pesos para abonar al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (Banavim).
La representante de la Red Estatal de Mujeres del Estado de Puebla, Marina Cortés Torres afirmó que no hay un convenio de colaboración entre los estados de Puebla y Tlaxcala para disminuir los índices de violencia, no hay información real de albergues o fiscalía especializada ni se han establecido sanciones para funcionarios públicos que obstaculizan el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio, por la falta de sensibilidad y la revictimización que sufren al momento que acuden a denunciar, no existen cifras de mujeres y niñas desaparecidas ni un informe sobre los recursos desteñidas para la implementación de estos mecanismos.
“Dicen que Tlaxcala viene siendo un tiradero cementerio de las mujeres de Puebla, muchas de ellas las vienen a encontrar y viceversa, muchas mujeres de Tlaxcala desaparecidas las encuentran penosamente en Puebla; no hay convenios entre estados vecinos y es sumamente importante que haya una coordinación entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala donde prevalezca la vinculación para disminuir los índices de violencia contra las mujeres”
En tanto, Ixchel Yglesias González Baez consideró que Tlaxcala es un estado feminicida “porque sus operadores reproducen la discriminación prejuicio y estereotipos que violentan a las mujeres, dudan y desestiman la violencias».
Lamentó que autoridades aseguran que no existe la trata de personas; sin embargo, datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revelan que de enero a octubre de 2021, registró 61 denuncias por explotación sexual, 34 por denuncias anónimas y 22 por comparecencia; mientras que solo se ha abierto una carpeta de investigación, de acuerdo a una solicitud de información presentada por el Centro Fray Julián Garcés (CFJG).
Por su parte, la activista Yeny Charrez Carlos destacó la importancia de garantizar a las mujeres víctimas de violencia un verdadero acceso a la justicia, un servicio gratuito, para ello se requiere de defensores de oficio capacitados, juzgadores que trabajen con perspectiva de género, pero sobre todo, la voluntad de las autoridades para poner un alto a la problemática.
