Para que el Estado garantice el derecho a un medioambiente sano que abone al desarrollo y bienestar de las personas, la presidenta de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado, Marcela González Castillo, propuso la expedición de la Ley de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Tlaxcala.
Lo anterior, manifestó, para dar puntual cumplimiento al mandato de las normas superiores rectoras de la política ambiental, e incorporar en sus disposiciones aspectos relativos a la política estatal en materia de residuos sólidos, así como a la planeación, programación y el sistema integral de la materia.
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Asimismo, con la iniciativa, estableció que busca distribuir las competencias para los gobiernos estatal y municipales y servirá de complemento de la Ley de Protección al Medioambiente y el Desarrollo Sostenible, además de buscar alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados al manejo de los residuos sólidos.
También, comentó que plantea repensar el ciclo de vida del producto y rediseñar la cadena de producción, además de separar y eliminar los residuos adecuadamente, así como cuidar el desperdicio y la pérdida de alimentos, incluida la pérdida posterior a la recolección.
Asimismo, recomendó adoptar tecnologías que recuperen los residuos, aprovechar al máximo las materias primas, pensar en el posconsumo y el embalaje, vinculándose al principio de responsabilidad extendida del productor, pues todo eso abre la puerta a mejores posibilidades de sostenibilidad y correcto manejo de éstos.
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De igual forma, la legisladora manifestó que una de las metas que busca lograr a partir de la expedición de esta norma es el manejo ambientalmente adecuado de todos los residuos, a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con los marcos acordados internacionalmente, y reducir significativamente su propagación por el aire, agua y suelo con el fin de minimizar sus impactos negativos en la salud humana y el medioambiente.
En este sentido, dijo que busca generar un cambio de enfoque en el manejo de los residuos, a partir del establecimiento de un marco jurídico que se encuentre debidamente alineado a las mejores prácticas en la materia, donde ese nuevo enfoque de una política integral de gestión de residuos implica el diseño legal adecuado en el que se consideren instrumentos y acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno.
Asimismo, puntualizó que esta propuesta contiene en sus títulos, capítulos y artículos un nuevo enfoque de carácter disruptivo al tema de gestión de residuos, a fin de eliminar la visión unilateral y parcial que buscaba soluciones tradicionales centradas en aspectos técnico-correctivos y no en las medidas ligadas a una gestión ambiental desde la escala local y a partir de la implementación de estándares internacionales en la materia.
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Los contenidos de la iniciativa que se formula, subrayó, permiten establecer de forma clara los principios bajo los que se conducirá la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos, la reducción progresiva de la disposición final de los residuos, el de responsabilidad denominado “el que contamina paga”.
También, señaló que distribuye las competencias entre los tres órdenes de gobierno, facultando para ello a la Secretaría de Medio Ambiente como el ente público responsable de formular, conducir, implementar, dar seguimiento y evaluación de la política estatal en la materia, el Programa Estatal, la instalación y operación de sistemas, así como la implementación de las acciones de política pública que le competan.
En este cuerpo normativo, señaló, son armonizadas las atribuciones de la Procuraduría Ambiental del Estado al esquema sancionatorio desde una perspectiva preventiva y con énfasis en la reparación del daño y la no afectación del entorno.
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Por otro lado, estableció que el sistema estatal en materia de residuos sólidos, cuya base será el programa estatal como el instrumento rector de política pública, elaborado e instrumentado por el Gobierno, en coordinación con la Federación, alineado a los instrumentos aplicables en la materia y acorde con ellos, así como sus contenidos, los cuales deberán ser la base metodológica para la elaboración de los correspondientes programas municipales.
Eso sí, advirtió que no hay ni habrá privatización de la política pública de residuos sólidos, pues en la ley se establece una cláusula expresa que menciona que el Gobierno deberá mantener en todo momento la rectoría de la política estatal en la materia.
Finalmente, respecto del régimen sancionatorio, se contempla que las violaciones a las disposiciones de esta Ley constituyen infracciones que serán sancionadas por la Procuraduría o por la autoridad municipal competente, según corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades penales que resulten de conformidad con los ordenamientos aplicables, siendo las sanciones desde amonestación hasta la cancelación de autorizaciones, pasando por la multa, el arresto y la clausura, ya sea temporal o definitiva.
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INICIATIVA
Plantea repensar el ciclo de vida del producto y rediseñar la cadena de producción, además de separar y eliminar los residuos adecuadamente, así como cuidar el desperdicio y la pérdida de alimentos, incluida la pérdida posterior a la recolección.
- La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Medioambiente y Recursos Naturales y de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
