El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), organismo creado en la actual administración para vender y subastar bienes confiscados con el fin de destinar los fondos recaudados a programas sociales, opera con una serie de deficiencias e irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control, auditores externos y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La subasta de bienes deteriorados por estar almacenados más de una década, pagos de servicios que no corresponden a lo señalado en licitaciones, inconsistencias en erogaciones y reportes de resultados de subastas son algunas de las irregularidades detectadas en auditorías publicadas este año en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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La auditoría 14/2022 hecha a la Dirección Ejecutiva de Comercialización, publicada por el Órgano Interno de Control el pasado 9 de septiembre, señala que el Indep cuenta con inconsistencias entre pagos registrados y efectuados en distintos contratos de servicios efectuados en lo que va del año.
Asimismo, detectó 273 incidencias pendientes de atender respecto a procedimientos en el portal CompraNet, la mayoría relacionadas con la contratación de servicios profesionales para gestiones judiciales y extrajudiciales en donde los montos no se corresponden con el señalado para el procedimiento total.
Otra auditoría, la 07/2022, realizada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y publicada el 30 de septiembre, advierte que el organismo público carece de una normativa interna para regular la planeación, ejecución y control de Subastas con Sentido Social, además de que no cuenta con un criterio unificado para integrar expedientes con los resultado de las subastas presenciales.
De igual modo, señala que el Indep contraviene la normativa vigente en materia de comercialización al subastar bienes con más de 10 años almacenados, lo que no garantiza que estén en las mejores condiciones.
En esa misma fecha, el Órgano Interno de Control publicó la auditoría 08/2022 a la Dirección Ejecutiva de Administración de Activos donde señala deficiencias en el Sistema Integral de Administración y Recuperación de Activos Financieros (SIARAF), como la falta de integridad y homogeneidad en la base de datos, así como retrasos en su actualización y la falta de políticas sobre plazos para la actualización de la información.
“Se evidencia la falta de supervisión a lo largo de todo el proceso, lo que ha originado errores en los plazos, en la documentación y en la información incorporada al sistema”, dice el documento.
Además de los señalamientos del Órgano Interno de Control, una serie de auditorías hechas por el despacho Guzmán Tello de Meneses S.C. advirtió diversos montos por aclarar por conceptos como viáticos y servicios personales.
Por ejemplo, al 31 de agosto del año pasado, el análisis a la cuenta contable 11231 correspondiente a ministraciones para gastos y viáticos tenía saldos por comprobar de 145.2 millones de pesos.
El mismo reporte señala que en ese lapso el Área de Remuneraciones no proporcionó evidencia de documentación de los Servicios Personales con un monto de más de 462 millones de pesos.
En ese sentido, el despacho hizo recomendaciones como contar la debida integración de gastos a comprobar y llevar seguimiento puntual de los mismos, así como solicitar periódicamente el registro contable en los libros del Indep para realizar la conciliación de saldos pendientes.
POCO AVANCE EN OBSERVACIONES
El Portal de Transparencia también publicó los avances en observaciones hechas por la ASF en años anteriores, en los que se muestran rezagos en cumplimientos.
El documento indica que de una observación hecha en 2020 sobre el pago en exceso por cerca de 2.5 millones de pesos para la adquisición de licencias de software y servicios profesionales, el Indep lleva un avance de apenas 30 por ciento para solventarla.
Ese mismo año, la autoridad señaló que el Indep no entregó evidencia para justificar la adjudicación directa de dos contratos por 981 millones de pesos para la administración de bienes. La resolución de esta observación llevaba un avance de apenas 20 por ciento.
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Sobre la contratación de un servicio médico que tuvo errores en su procedimiento al cambiarse las cantidades de farmacias, hospitales y médicos solicitadas, elevando el precio, el llamado Instituto Robin Hood solo tiene avances en la aclaración de 10 por ciento.
El mismo porcentaje de avance se registró en la observación de errores en la evaluación de los procedimientos correspondientes a las Subastas Regionales y de Sentido Social, la principal tarea del organismo federal.
