Desde hace algunos meses, la nota de una eventual reforma electoral ha acaparado la atención de propios y extraños y dividido las opiniones al respecto, particularmente en lo que a costos de operación se refiere.
Uno de los aspectos que más se ha señalado es la aparentemente “engrosada” estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), dividida en dos ramas, la administrativa y la del Servicio Profesional Electoral que, derivado de las propuestas de reforma, se verían reducidas en un amplio porcentaje y, para algunas figuras, no hay certeza sobre su continuidad.
Así, con textos reformatorios poco claros sobre la conformación de una pretendida nueva estructura, que operaría por primera vez a nada de iniciar el proceso electoral por el que se renovará, nada más y nada menos que la Presidencia de la República, entre otros muchos cargos de elección popular, es necesario puntualizar algunos aspectos, como el de la integración de las juntas distritales ejecutivas.
Al respecto, al no contar con figuras permanentes en cada Distrito Electoral Federal, las funciones que éstas ejecutan tendrían que asumirse, probablemente, con figuras de carácter temporal, sin el conocimiento y la profesionalización que el personal que ahora colabora en el Instituto ha desarrollado a lo largo de tres décadas de existencia; o bien, desde el ámbito local, en donde tampoco existe certeza de contar con una estructura suficiente para atender las actividades en materia de Cartografía, seguimiento y análisis, atención a la ciudadanía, así como de actualización al Padrón Electoral (planeación de Módulos de Atención Ciudadana (MAC); seguimiento a la infraestructura y operación de estos; manutención del Sistema de Gestión de la Calidad; la preservación de la imagen institucional; la gestión de espacios para el funcionamiento de módulos itinerantes; la operación de los MAC especial que atienden a personas que no pueden acudir a un módulo por algún impedimento físico o de salud; el reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de personal de MAC; el mantenimiento y seguimiento a la operación de equipo tecnológico; la integración de información, la orientación ciudadana, entre otras).
En el mismo sentido, tampoco se garantiza la correcta implementación de los programas preventivos y correctivos de Depuración al Padrón, en campo y gabinete (registros duplicados, defunciones, usurpación de identidad, datos irregulares, reincorporaciones, domicilios irregulares, suspensión y rehabilitación de derechos político-electorales, avisos ciudadanos para recoger la Credencial para Votar y la Verificación Nacional Muestral por la que se mide la cobertura y actualización del Padrón).
Con ello, se pone en riesgo la calidad del Padrón Electoral y, por consiguiente, la integración de la Lista Nominal de Electores, al perderse los tramos de control a cargo de diversos responsables, violentando los derechos político-electorales de la ciudadanía, a lo que se añade, en materia de actualización cartográfica, un probable incorrecto trazado de los distritos electorales (proporcionalidad, integración de población indígena y afrodescendiente, accesibilidad, etc.) y de las secciones electorales (reseccionamiento), situación que impacta directamente en la georreferenciación que se hace en los MAC, de la ciudadanía (cartografía digital), ya que una sección es la unidad básica para la inscripción de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores para el ejercicio del voto.
Adicionalmente, se difumina el vínculo que las comisiones de vigilancia instauran con los partidos políticos para informar de los trabajos en materia registral electoral, corriendo el riesgo de generar desinformación o bien, de no acceder de manera oportuna a la información, impactando en las actividades ordinarias de dichas instituciones (planeación, análisis); de igual forma se limita la supervisión y vigilancia que los propios partidos políticos realizan a las tareas registrales, propiciando desconfianza y sospechosismo en la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; aunado a que no se garantiza la correcta preparación y desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones ni el flujo de comunicación que debe existir para el adecuado funcionamiento de éstas, ni tampoco la adecuada generación, manejo, actualización y distribución de la documentación, dando pie a la falta de transparencia institucional, lo que provocaría opacidad en la gestión.
“Abaratar” de ese modo la operación del INE, descargando como se está proponiendo, toda la planeación, seguimiento y supervisión en una sola figura operativa a nivel distrital y sin la estructura de coordinación asociada a las actividades de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, etc., provocaría una excesiva carga de funciones, cuya consecuencia sería la inoperancia.
¿En realidad queremos eso? ¿De verdad es lo que más conviene a la nación cercenar de ese modo un Instituto al que todos, directa o indirectamente, le hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo y que es una de las más grandes conquistas ciudadanas y patrimonio democrático de México, de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia?
Mejoras son posibles: sí, incluso necesarias, lo digo con consciencia y desde adentro. Pero no con estas maneras ni en estos momentos. No pasando por encima de los derechos político-electorales de la ciudadanía, no desde un falso discurso de ahorro.
Reflexionemos sobre si mutilar por mutilar significará un ahorro sostenido y a largo plazo o si terminaremos corroborando que “lo barato sale caro”.
*Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala
