Mirna Eugenia Garduño Ruiz*
Esta semana en nuestro país habrá dos temas que llenarán los encabezados de los diarios, la marcha del día 27 de noviembre, con motivo del informe del presidente de México y la reforma constitucional en materia electoral.
En esta ocasión quisiera abonar a la discusión púbica del segundo de esos temas.
Sin duda, debemos partir de la premisa que, al ser una construcción humana, las instituciones electorales como todas las otras del Estado mexicano, son perfectibles y, por lo tanto, se espera que sufran ajustes que sirvan para adecuarlas a las necesidades de la realidad de cada momento en la historia del país.
Como ya se asumió, la conveniencia de hacer ajustes al entramado de las instituciones, las siguientes cuestiones que habrá que resolver versarán sobre el momento procesal oportuno para realizar dichos cambios y sobre el abanico de opciones que se estén considerando.
Una vez más, sobre la primera cuestión, en México ya se ha escrito mucho sobre la atipicidad de promover cambios a las leyes electorales antes de una elección presidencial y, sobre todo, que estos sean impulsados desde la coalición gobernante y no desde la oposición; por lo que ahora me enfocaré en la segunda cuestión que considero relevante.
La posibilidad de hacer cambios al sistema de votación para introducir el sistema electrónico, y al mismo tiempo el discurso oficial es que se pretende tener ahorros considerables en la organización de las elecciones. Será interesante el seguimiento a las discusiones de nuestras legisladoras y legisladores para saber cómo es que van a conciliar estas dos premisas de la iniciativa presidencial, pues mi impresión es que un sistema electrónico de votación, que sin duda traería algunas ventajas, requerirá una inversión inicial superior al costo actual de las elecciones en nuestro país y los ahorros que se podrán visualizar sólo a mediano y largo plazo.
Cuando se trata de realizar un análisis para hacer ajustes al sistema de votación, la mejor manera que se me ocurre es la comparación de los sistemas utilizados en países vecinos, para aprender de las experiencias de los demás y calcular los posibles efectos en nuestro país.
Después de hacer un recorrido por América Latina, la primera lectura que podemos hacer es que no existe un sistema de recepción de votos perfecto, al final, todos tendrán algunas ventajas y desventajas, por lo que cada país hace un análisis de sus propias necesidades, considerando que el sistema electoral convive con el sistema de partidos, por lo que elegir un sistema de votación y que éste se pueda implementar, dependerá de los niveles de aceptación de las fuerzas políticas, pues un amplio consenso entre éstas puede generar altos niveles de aceptación entre la ciudadanía.
La segunda cuestión que podemos resaltar es el factor económico, pues algunas de las desventajas relacionadas con el costo, lo son sólo al principio, como es el caso del voto presencial con boleta electrónica, pues se requerirá una fuerte inversión desde el inicio hasta el momento en que se pueda garantizar el ejercicio del sufragio en todo el territorio nacional, pero si se considera que la introducción de esta forma de votación puede ser gradual, como es el caso de Brasil, se puede amortizar la inversión inicial, prorrateándola en hasta tres procesos electorales y el resultado a largo plazo es que los ahorros en la producción de boletas y de toda la documentación electoral necesaria para este tipo de votación durante tres o cuatro procesos electorales, puede inclinar la balanza en términos de ahorro.
El tercer elemento tiene que ver con la confianza y las garantías que el sistema electoral debe brindar tanto a la ciudadanía, como a las representaciones partidistas y las candidaturas que contienden en las elecciones, particularmente sobre dos temas: la secrecía del voto, pues no es lo mismo emitir un sufragio de manera presencial ante el funcionariado de la mesa directiva de casilla y de las representaciones partidistas en donde se puede garantizar la secrecía del voto y en caso de alguna violación a la misma se puede denuncia y perseguir, que emitir el sufragio de manera remota y sin testigos que aseguren que no se ha vulnerado ese derecho.
Lo mismo se puede decir de la certeza de que la persona que tiene el derecho de participar en la elección es la misma que ha emitido el sufragio, pues al emitirse este en cualquiera de las modalidades no presenciales, se podrán tomar algunas medidas tendentes a identificar al electorado; sin embargo, todavía se requerirá alguna dosis de confianza que en muchos de nuestros países latinoamericanos no existe.
*Vocal de Organización Electoral Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
