La politóloga Denise Dresser demandó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por las difamaciones vertidas contra su persona en las conferencias mañaneras.
“En septiembre metí una demanda de amparo por la violación de mis -y nuestros derechos- ante el Poder Judicial de la Federación. Estoy litigando contra el presidente y lo seguiré haciendo”, escribió Dresser este lunes en una columna publicada en el diario Reforma bajo el título “Demandé a AMLO”.
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Sin embargo, puntualizó que la jueza que recibió su denuncia pidió una licencia médica y que, seis meses después, la “secretaria en funciones” emitió una sentencia “ridícula”, que desestimaba su derecho a ampararse porque las ruedas de prensa del presidente no constituyen actos de autoridad.
Por ello, aseguró que recientemente entregó un recurso de revisión que presumiblemente acabará en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y que, deseó, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La politóloga dijo ser víctima de un “asesinato verbal” después de haber sido mencionada 87 veces en las ruedas de prensa diarias de López Obrador, criticadas por asociaciones internacionales por los ataques contra la prensa que ahí realiza el presidente.
Dresser subrayó que, a través de menciones mentirosas sobre ella, como cuando le llamó “agente de un gobierno extranjero”, está violando sus derechos, al “inhibir la libertad de expresión” por el efecto “intimidatorio” que tienen sus declaraciones.
“Demandé a AMLO porque no cuento con mecanismos que me permitan contra-argumentar o defenderme, y ningún otro difamado o difamada tampoco”, incidió en su columna.
Pero, expuso, la sentencia emitida reconoce que sí tiene derecho a réplica, aunque establece que lo dicho por el presidente son “simples opiniones”.
“Para ejercer ese derecho conforme a la ley, AMLO tendría que darme 87 días consecutivos para ir ahí, plantarme en la plataforma a su lado, usar la pantalla, y presentar mis contra-argumentos a sus injurias”, indicó Dresser.
Además, agregó que en la resolución judicial aplicaron de manera retroactiva la nueva Ley de Comunicación Social, que forma parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de febrero.
Esta reforma legislativa expone, a juicio de la analista, que las mañaneras “no constituyen una campaña gubernamental” y que los funcionarios puedan decir “lo que quieran, cuando quieran” sin que eso constituya un acto de “propaganda”.
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El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, quien apoya a Dresser en el proceso judicial, explicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que buscan probar “el efecto inhibidor a la libertad de expresión derivado de la presión a periodistas, comunicadores, jueces, etc., por las menciones en las mañaneras”.
Pese a desaprobar la sentencia emitida por la jueza el pasado 9 de febrero, la institución destacó que la resolución reconoce el derecho a réplica ante las mañaneras.
