*Reprochan la falta de respuesta a sus demandas y exigen la renuncia del titular de la SIA.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL/ Presidentes de los comités ejidales de diversos municipios de Tlaxcala, amenazaron con manifestarse de manera pacífica durante el primer informe de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros programado para el próximo domingo en el Centro de Convenciones, ante la nula respuesta a sus demandas que tienen que ver con los apoyos económicos a productores que perdieron sus cosechas de maíz, trigo y sorgo por el fenómeno hidrometeorológico de la sequía que se presentó en la entidad en 2022.
En rueda de prensa, indicaron que la superficie de tierra alcanza las 20 mil hectáreas, la mayoría de ellas son de temporal, es decir, dependen de las condiciones climáticas para que pueda lograrse su cosecha, por lo que derivado del fenómeno climático una gran cantidad resultó afectada.
Por ello, solicitaron a la gobernadora estatal emitir la declaratoria de desastre natural prevista en la ley, con la finalidad de que los campesinos afectados reciban recursos que permita recuperar parte de su inversión, pues precisaron que los mil 500 pesos que les pretenden dar representa una dádiva, ya que para sembrar una hectárea significa una erogación de 11 mil a 12 mil pesos.
Demandaron ser atendidos de manera personal por la titular del Ejecutivo, a quien también le solicitan la destitución del secretario de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, pues afirmaron no les ha dado respuesta a sus demandas.
“El apoyo para hacer frente a la contingencia es una de las demandas, pero también está el asunto del presupuesto, lo que están haciendo para no solapar la corrupción desde la secretaría, no hemos tenido solución puntual, pero son varios asuntos. Hoy el presupuesto para los apicultores para los productores de amaranto. (El secretario de la SIA) está rebasado ya no son nuestros interlocutores y ya está la solicitud de la destitución del titular de la SIA en la mesa y son parte de los acuerdos y negociaciones”, expresó el activista, Efrén López Hernández, acompañado de ejidatarios de Tlaxco, Cuapiaxtla, Huamantla, Atalanga, Altzayanca, Tecopilco, Ixtacuixtla, entre otros.
Rechazó que retuvieran al titular de la SIA y acusó que existió represión por parte de elementos de seguridad estatal durante la movilización del pasado viernes y “ahora quieren culparnos, cuando solo venimos a pedir lo que es justo para el campo, nosotros lo sufrimos, también las mujeres el 8 de marzo, las normalistas y que desafortunadamente una joven perdió la vida. No pueden decir que el gobierno no es represor cuando anuncian granaderos, carros antimotines, pero es para que no se vengan a manifestar”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández anotó que autoridades han mostrado apertura al diálogo para atender las demandas de los campesinos; sin embargo, consideró que “veo más tintes políticos, que intereses de la gente del campo”.
Sostuvo que los productores afectados por la sequía han sido atendidos de manera puntual por el titular de la SIA y han recibido el apoyo económico que les permita enfrentar las pérdidas.
“Quiero decirles que quienes han estado levantando la voz son gente que conocemos más en el ámbito político que del campo. Veo otros tintes más que los intereses de los campesinos que han sido atendidos por la SIA@, al tiempo que los llamó a sumarse a las acciones emprendidas por el gobierno del estado.
Expuso que se atiende de manera directa a los afectados, aunque reconoció que los 15 millones de pesos no son recursos suficientes, pero “no sabemos el estado de tiempo de cada uno de los ciclos agrícolas, si se supiera pues se pondría la cantidad suficiente, desafortunadamente no se tiene”.
Sin embargo, comentó que el monto para el próximo año se podría incrementar para que, en caso de presentarse nuevamente efectos negativos, se pueda hacer frente de manera oportuna.
En materia de seguridad, indicó que se mantienen pláticas con campesinos de la zona oriente del estado para trabajar de manera coordinada con la policía estatal, municipal y federal, así como las guardias rurales del Ejército México se implementen operativos que permita inhibir los delitos y sean objeto de robos de maquinaria y equipo de trabajo.
